El
TTIP (Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversiones) es un acuerdo sobre
libre comercio e inversión que está negociándose en secreto por la Unión
Europea y Estados Unidos. Fue definido por el propio Barack Obama durante el
discurso sobre el estado de la unión en febrero de 2013 y se prevé que su
resultado culmine antes de las próximas presidenciales norteamericanas,
previstas para 2015. Imperialismo en estado puro con tintes de acuerdo
internacional para enmascarar los verdaderos intereses que se ocultan tras esa
fachada.
El objetivo principal no es otro
que eliminar las regulaciones que limitan los beneficios de las
multinacionales. Y estas regulaciones no son otras que los derechos laborales,
las normas que rigen el medio ambiente, la privacidad en internet, las
garantías bancarias o las normas sobre seguridad alimentaria y el uso de
productos químicos tóxicos. “Barreras” es cómo las llaman los paladines de la
ortodoxia liberal, así que se trata de “eliminar barreras”, muy noble tarea
para los prohombres que defienden a ultranza la “libertad de los mercados”.
En definitiva, el TTIP es otra
vuelta de tuerca neoliberal. Supone la creación del marco jurídico
internacional necesario para acometer nuevos avances para los mercados y así
los mercaderes de paso hacen caja. Y esto no significa lo que parece sino que
encubre la privatización de sectores estratégicos como la sanidad o la
educación. Eliminar el principio de cautela de los estándares sobre seguridad alimentaria,
liquidar la necesidad de permisos previos para comercializar sustancias
químicas peligrosas, impedir el control de capitales o expandir el fracking,
son algunos de los logros a alcanzar. Y todo de un solo golpe. Otra jugada
maestra del capitalismo atlántico. Ninguna referencia a los pueblos y menos aún
a quienes serán víctimas de su desarrollo: las clases populares.
Además de esto, se pronostica ya
por sus propios impulsores efectos “prolongados y considerables” sobre el
empleo que se proponen mitigar con fondos públicos como el Fondo Social
Europeo. A nadie se le escapa que el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte causó una pérdida neta de un millón de empleos en EE.UU. en vez de los
prometidos cientos de miles de puestos de trabajo. Y esto casa a la perfección
con la negativa de EE.UU. a ratificar los convenios de la OIT sobre negociación
colectiva, libertad de asociación y derecho a organizarse.
De entre las novedades, destaca
la posibilidad de que los inversores extranjeros puedan demandar a gobiernos
soberanos frente a tribunales de arbitraje ad
hoc. Justicia a la carta, que se llama. Y curiosamente, esto no parece
entrañar problema alguno de soberanía como los generados por el pueblo escocés
o catalán. Al contrario, se trata en definitiva de dotar de más y mejores
herramientas a las empresas multinacionales para que amplíen su ámbito de
negocio, incrementen sus beneficios y disparen sus cotas de poder a costa de lo
que sea. Privatizar la justicia y convertirla así en un medio descarado a favor
de los intereses de los poderosos no parece estar ya tan lejos. La tan esperada
reforma del sistema judicial no va por donde algunos ingenuos pensábamos. Esta
es la justicia de los vasallos y los señores. Se constata así la vuelta a los
principios e instituciones jurídicas de la Edad Media.
El TTIP por eso se negocia en
secreto. Y esto no es causal sino que está plenamente justificado. Quienes lo
van a decidir quieren la impunidad de la opacidad. Y para eso sirven el
Parlamento y la Comisión Europea. La foto de los líderes europeos con Barack
Obama en la reunión australiana del G-20 deja bien claro quiénes defienden este
acuerdo.
Por todo ello, desde Andaluces de
Alcalá nos situamos frente al TTIP y llamamos a la ciudadanía a la denuncia de
su procedimiento de elaboración. De igual manera, condenamos los efectos que se
pretenden con el mismo. Como alternativa propugnamos unas relaciones y acuerdos
internacionales basados en las necesidades de los pueblos y donde se reconozcan
expresamente el derecho a la libre determinación de los pueblos y se atienda a
las necesidades básicas de la mayoría de la población.
Andaluces de Alcalá, 30 de noviembre de 2014
